El Perú en la actualidad es uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera por su solidez económica y su marco legal que garantiza la igualdad de trato con empresarios e inversionistas nacionales y beneficios como la libre repatriación de capitales. No obstante, aventurarse al mercado peruano sin conocer su normativa fiscal puede provocar contingencias importantes. Debido a que SUNAT (La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) ha intensificado las fiscalizaciones, por lo que la planificación tributaria y el cumplimiento preventivo son vitales para proteger la rentabilidad. Cuando una empresa peruana efectúa pagos a entidades no domiciliadas, por mandato legal debe actuar como agente de retención, asumiendo una responsabilidad solidaria ante SUNAT. La cual según el artículo 56° de la Ley del Impuesto a la renta (LIR) aplicará las siguientes tasas: 15% para asistencia técnica (que exige un informe de auditoría si las 140 UIT); 4.99% para créditos externos cualificados, 30% para regalías o servicios digitales y 8% para dividendos. Por lo que, calificar erróneamente estas operaciones o no realizar la retención correspondiente expone a la empresa local a multas del 50% del impuesto omitido e intereses moratorios, según el numeral 13 del artículo 177° del Código Tributario. Además hay que mencionar algo muy importante y son los beneficios de los Convenios para Evitar la Doble Imposición bajo el modelo OCDE y la Comunidad Andina (Decisión 578); algunos países (entre ellos Canadá, Chile, México, Suiza, etc) debido a estos convenios pueden acceder a beneficios como: topes máximos en las retenciones, neutralización de la doble tributación, protección jurídica y no discriminación, entre otras; muy llamativas para facilitar la tributación de la empresa extranjera. Sin embargo para poder acceder a estos beneficios, la empresa extranjera debe acreditar su residencia fiscal en el exterior mediante un certificado vigente y apostillado; porque omitir este requisito u operar sin sustancia económica activa la Cláusula del Test de Propósito Principal de la SUNAT contra el “treaty shopping”, anulando las alícuotas preferenciales e imponiendo la tasa general de hasta el 30% (Artículo 56° de la LIR). Además tener presente la configuración de un Establecimiento Permanente (EP), que se configura cuando una entidad extranjera opera en el Perú mediante un lugar fijo, un agente dependiente o si brinda sus servicios por más de 183 días en un periodo de 12 meses, según el artículo 14-A° de la LIR. Esto es importante porque si SUNAT detecta un EP no registrado, la empresa extranjera pierde su condición de “no domiciliado” y pasaría a tributar sobre su renta atribuible a una tasa general de 29.5%, según lo mencionado en el artículo 55° de la LIR; Además que deberá asumir obligaciones como: inscribirse al RUC, llevar contabilidad local completa y emitir comprobantes de pago. Invertir en Perú ofrece grandes oportunidades, pero exige un manejo fiscal riguroso para evitar contingencias. En el Estudio Gamarra & Asociados brindamos asesoría legal y tributaria integral, acompañando a empresas en la planificación, estructuración y protección de sus negocios en el país. Contáctenos para agendar una consultoría personalizada y asegurar la seguridad jurídica y rentabilidad de sus operaciones.